Los argumentos relacionados con la libertad de las personas adultas para elegir consumir marihuana se analizan desde un enfoque constitucional, a la luz de un conjunto de juicios de amparo relacionados con aquellos que dieron lugar a la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se declaró la inconstitucionalidad del sistema legal de prohibiciones contenidas en la Ley General de Salud que prohíben el uso regulado de esta hierba e impiden la obtención de una autorización para su consumo personal. En ese contexto, el autor propone una aproximación interpretativa diferente a la sentada por la Primera Sala, en torno al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la vida privada, y cuestiona la interpretación de la Sala, que afirma que las medidas prohibitivas (que conllevan la criminalización del consumidor) se encuentran dirigidas a cumplir con la finalidad legítima de proteger la salud pública. Sobre esa base en el libro se confronta la política prohibicionista con una serie de exigencias constitucionales que justifican la construcción de una política regulatoria tendiente a impedir que el mercado de la planta continúe en control de la delincuencia organizada; en ese sentido, el autor reconoce la desautorización constitucional de la prohibición, por razones diversas relacionadas con las múltiples violaciones de los derechos humanos que dicha política de drogas ha provocado en México.
